Acuerdo con Odebrecht y
monto de reparación civil lo definió la Ley 30737
Retraso. La inestabilidad generada por el fiscal de la
Nación provocaría que la firma del acuerdo final se posponga hasta marzo, dando
tiempo a los que buscan sabotear la colaboración de la empresa brasileña.
“Todavía no tenemos claro qué es lo que está pasando en el
Perú”, afirma desde Sao Paulo, Brasil, un alto funcionario de la constructora
brasileña Odebrecht, al tanto de las negociaciones con la justicia peruana. La
situación es de desconcierto.
Esa situación ha llevado a posponer las diligencias
previstas. Se mantiene la línea de comunicación y la disposición de Odebrecht y
sus abogados de colaborar con la justicia peruana, pero por la inestabilidad de
los fiscales peruanos se pospuso -probablemente hasta marzo- dar los primeros
pasos juntos.
El retraso no tiene que ver con el cambio de gobierno en
Brasil. Es consecuencia única de lo sucedido en el Perú. Si bien el cese de los
fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez apenas duró unas 36 horas, el clima
que se generó y las acciones que han tenido que desarrollar los fiscales para
defender su trabajo, han provocado demoras en la elaboración de los documentos
y cumplir con los calendarios previstos.
El acuerdo
Exactamente un mes antes, el 30 de noviembre, los
representantes de la constructora Odebrecht en Lima firmaron un preacuerdo de
colaboración con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad
hoc del caso Lava Jato en el Perú.
La empresa se comprometía a facilitar todo tipo de pruebas
-testimonial, documental y digital- para esclarecer los actos de corrupción que
hubieran ocurrido con su participación en el Perú. Esta cooperación abarcará la
etapa de investigación y el juicio público, todo lo cual va a durar varios,
muchos años.
A cambio de esa colaboración eficaz, el Estado peruano les
otorgaba facilidades para el pago de la reparación civil, exoneración de
sanción penal para sus directivos -todos de nacionalidad brasileña- y la
posibilidad de que un juez levante las restricciones para que la constructora vuelva
a trabajar con el Estado.
El acuerdo final no obligará al Estado a contratar con
Odebrecht, ni menos regalarle una obra. Solo significa que Odebrecht, si lo
desea, podrá competir en licitaciones y si ofrece buenos precios podrá ganar.
Odebrecht tampoco está obligado a presentarse a las licitaciones.
Únicamente, a partir de la aprobación judicial del acuerdo,
la empresa vuelve a la normalidad operacional para continuar con sus
actividades lícitas en el Perú. Una normalidad que le permita, dentro de los
plazos previstos, pagar la reparación civil, como está sucediendo en otros
países de la región, como Estados Unidos, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala
y entre otros.
Marco legal
El preacuerdo se alcanzó en el marco de la Ley 30737 y su
reglamento, norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor
del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La Ley fue
debatida y aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el 12 de
marzo de 2018. El reglamento se aprobó en mayo del mismo año.
Esta norma llenó los vacíos en la ley respecto a la
colaboración eficaz con empresas. Antes estaba prevista solo para personas
naturales. Hoy, las empresas que colaboren en la lucha contra la corrupción y
el crimen organizado también recibirán un beneficio.
Además, la Ley 30737 estableció las fórmulas económicas para
la reparación civil, ya no los procuradores como era antes. La cifra actual,
cercana a los 200 millones de dólares, es superior a lo que disponen las
fórmulas de la ley, señalan en la Procuraduría ad hoc.
Luego, todo este preacuerdo debe ser evaluado y aprobado por
un juez. Entonces, recién entrará en vigencia, y la empresa recibirá un
beneficio a partir de su aprobación por un magistrado. Previamente deberían
cumplirse una serie de diligencias en Brasil. Estos procedimientos son los que
han quedado en suspenso.
El siguiente paso en el preacuerdo era que cinco
exdirectivos de la compañía que trabajaron en Lima manifiesten en forma
personal y con su firma su adhesión a los acuerdos. Esto debía suceder el 11 de
enero en el consulado del Perú, en el N° 2439 de la avenida Paulista, barrio de
Bela Vista, en Sao Paulo, Brasil.
Los fiscales y el procurador deberían presentar en los días
previos al 11 de enero, documentos similares a los firmados con la empresa,
personalizados a cada caso, para su revisión, corrección y la firma en la fecha
prevista. Inmediatamente después de esa firma, todos se trasladarían a la
ciudad de Curitiba para empezar a declarar.
Pero las indecisiones del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo
Chávarry, han frustrado todo esto. Su decisión de cesar a Vela y Pérez pudo
durar horas, pero las consecuencias han sido mayores. Además, mientras se
mantenga en el cargo nada descarta que en los siguientes días vuelva a
ocurrírsele cambiar a los fiscales.
En ese clima es difícil que los fiscales avancen en la
preparación de los documentos que deben presentar en Sao Paulo. El fiscal
superior Rafael Vela ha declarado que podrían estar listos a fin de mes, en un
clima más estable y definido. En este marco no es descabellado pensar que las
acciones de Chávarry estén dirigidas a sabotear e impedir que el acuerdo de
colaboración con Odebrecht llegue a buen puerto.
Chávarry ha ganado tiempo. En Brasil, toda la administración
pública sale de vacaciones en febrero, por lo que si no hay una alineación en
los próximos días, todo se moverá a marzo. Este será un tiempo que los
políticos que se verían perjudicados con la aprobación del acuerdo final
podrían aprovechar para traerse abajo todo el andamiaje legal e impedir los
testimonios y avance de las investigaciones.
Los congresistas del Apra Jorge del Castillo y Mauricio
Mulder han planteado revisar la Ley 30737 para impedir que Odebrecht reciba
algún beneficio. La constructora hoy no tiene ningún beneficio, por lo que es
claro que esa posición del Apra solo busca impedir los nuevos testimonios y la
entrega de pruebas.
En enero debió ser todo, Pedro Gonzalo Chávarry lo impidió.
Esa será su legado como fiscal de la Nación. Lamentable y triste final para
quien, supuestamente, hizo del Ministerio Público su casa.
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