FP VOTÓ POR PROYECTO QUE DEFINE REPARACIÓN CIVIL DE ODEBRECHT
Discurso. El fujimorismo cuestiona acuerdo de colaboración
eficaz, pero olvida norma aprobada por ellos mismos. Convenio no es cerrado y
reparación civil se puede incrementar.
Los principales voceros de Fuerza Popular –como Rosa Bartra,
entre otros– se han empeñado en desacreditar el acuerdo de colaboración con
Odebrecht, entre otros motivos porque, según argumentan, el monto de reparación
civil establecido es muy insuficiente.
Lo que no dice FP es que cuando el Ejecutivo (en la época de
Pedro Pablo Kuczynski) mandó el proyecto de ley 2404/2017-CR (para reemplazar
al decreto de urgencia 003), la bancada del partido de Keiko Fujimori votó a
favor de su aprobación.
Sobre lo estipulado en este proyecto –que fue debatido en
las comisiones de Justicia y
Economía– es que se ha establecido el monto de reparación
por las cuatro obras en las que Odebrecht ha reconocido sobornos: Carretera
Interoceánica, el Metro de Lima, Vía Expresa Cusco y Costa Verde Callao.
De acuerdo con el acta de votación del 8 de marzo del 2018,
el proyecto se aprobó con 79 votos: 42 legisladores de Fuerza Popular votaron a
favor, ninguno en contra y seis se abstuvieron.
En el debate, de acuerdo con las actas del Congreso, la
congresista de FP Karina Beteta señaló, por ejemplo, que “si bien es cierto
esta norma no es perfecta, seguramente en el camino irá habiendo mejoras, pero
ya es una herramienta”. Y mencionó a la “lucha contra la corrupción” como uno
de los objetivos.
El también fujimorista Miguel Torres agregó: “Hoy podemos
decir que ese proyecto de ley dejó de tener una visión estrictamente
empresarial, estrictamente de la gran empresa. Hoy es un proyecto de ley que
cuida primero a los trabajadores, que cuida a los pequeños proveedores, y que
finalmente otorga beneficios de colaboración eficaz, algo que estoy seguro nos
va a permitir llegar a conocer la verdad”.
PERMITE PROFUNDIZAR
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, declaró a La
República que el acuerdo le permitirá a la Fiscalía recabar insumos,
delaciones, documentos, instrumentos que deslinden responsabilidades o permitan
profundizar las investigaciones y, en su momento, sancionar a los responsables
en delitos de corrupción.
La figura de la colaboración eficaz tiene un marco
regulatorio –la Ley 30737 y su reglamento– que, a diferencia del DU 003,
establece fórmulas de carácter económico.
“Es decir, a través de estas normas se puede cuantificar la
reparación civil”, dijo Zeballos.
Respecto a los cuestionamientos deslizados –sobre todo desde
el fujimorismo– en el sentido de que el monto de reparación acordado (610
millones de soles) es insuficiente, recordó que esta cifra corresponde a cuatro
proyectos en los que una sola empresa ha reconocido sobornos.
ACUERDO ABIERTO
El convenio con la compañía brasileña no incluye a todos los
proyectos de Odebrecht ni tampoco a las demás constructoras involucradas en
Lava Jato.
Zeballos indicó que en el Ministerio Público existen 46
investigaciones en curso. Eso significa que, como señaló el exprocurador César
Azabache, este seguramente no será el último acuerdo de colaboración que se
firme.
Y es que el convenio con la constructora no es cerrado. Si
la empresa reconoce la comisión de delitos en otros proyectos ejecutados en
nuestro país, se podrá cobrar reparación civil por ellos. La cifra aumentará.
Se debe recordar que Odebrecht también tiene un compromiso con el Estado
peruano por el pago de S/ 65 millones por la obra de Chacas (Áncash).
Como resultado de la negociación con la empresa, el Estado
recibe a cambio acceso total a la información sobre los sobornos que recibieron
exfuncionarios peruanos. Odebrecht tendrá la obligación de seguir colaborando
con la justicia.
ACUERDO
SERÍA APROBADO EN MARZO
- El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht deberá ser
aprobado por un juzgado para que tenga validez.
- Fuentes judiciales indicaron que la encargada de evaluar
el convenio entre el Estado peruano y Odebrecht será la jueza del Primer
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción,
María de los Ángeles Álvarez. No sería revisado por el juez Richard Concepción
Carhuancho.
- Si todo sale según lo planeado por la Fiscalía, el acuerdo
tendría que ser firmado los primeros días de febrero. Inmediatamente sería
entregado al juzgado.
La magistrada tendría
que convocar a una audiencia en la que se discutirá sobre el acuerdo. Sin
embargo, antes de ese día, el documento podría ser devuelto a la Fiscalía para
subsanar ciertos aspectos. El proceso tendría que finalizar en marzo.
