Ex dictador guatemalteco Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión.
El ex presidente irá a prisión por los delitos de genocidio y lesa humanidad.
El ex presidente de Guatemala, Efraín Rios Montt, fue condenado a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio (50 años) y lesa humanidad (30 años). Su ex jefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez resultó absuelto.
El tribunal emitió la sentencia tras 13 años de haberse realizado la denuncia por la muerte de miles de indígenas maya ixiles durante su gobierno entre 1982 y 1983. Según los fiscales, Ríos Montt debió tener conocimiento de las masacres registradas durante su periodo de gobierno.
Asímismo, el ex jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, quedóabsuelto de los delitos de genocidio y crímenes de guerra por los que fue acusado, al considerar que "no tuvo injerencia" en las operaciones militares contra los indígenas ixiles.
Con la sentencia emitida, explicó la jueza, "se reconoce la verdad" de los hechos ocurridos, que "deberá ayudar a sanar las heridas del pasado" y "fortalecer la democracia del país".
Esta es la primera vez en la historia de Guatemala que un ex jefe de Estado es procesado por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna.
La Selva y montañas salvaron del genocidio a indígenas ixiles en Guatemala
Raymundo, que en ese entonces tenía 16 años, recordó que el Ejército les borró de sus memorias la cultura, tradiciones y costumbres al haber asesinado a sus familiares adultos y quemado sus casas en la aldea Santa Marta
Guatemala, 23 mar (EFE).- Arropados por las selvas y montañas a las que huyeron para escapar de la represión militar, alimentándose de raíces y yerbas, y a veces durmiendo bajo las piedras, cientos de indígenas ixiles guatemaltecos se salvaron del genocidio por el que es juzgado el general José Efraín Ríos Montt.
"La montaña nos cubrió, nos protegió la madre naturaleza", relató ante el Tribunal A de Mayor Riesgo que preside la jueza Jazmín Barrios, Juan Raymundo, uno de los testigos de los bombardeos, matanzas y del desplazamiento que sufrió la etnia maya ixil en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982-1983.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala durante ese período, tras encabezar un golpe de Estado militar, enfrenta un juicio penal desde el pasado martes por genocidio y crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Ejército bajo su mando en contra de indígenas de la etnia ixil.
Raymundo, que en ese entonces tenía 16 años, recordó que el Ejército les borró de sus memorias la cultura, tradiciones y costumbres al haber asesinado a sus familiares adultos y quemado sus casas en la aldea Santa Marta.
Con voz fuerte y en castellano, éste sobreviviente aseguró que a su cuñado, Francisco López, lo mató el Ejército a tiros por haber presenciado cuando amarraron de pies y manos, torturaron y asesinaron a uno por uno, a 16 personas dentro de un inmueble.
Pedro Raymundo, su tío, murió después de que los soldados le destrozaron la cabeza a golpes con las armas que portaban.
A raíz de esa matanza, dijo el testigo, 125 familias del pueblo, entre ellos niños y ancianos, huyeron hacia las montañas cercanas sin nada porque el Ejército les mató los caballos, los perros y las gallinas, y cortaron sus cultivos agrícolas con los que se alimentaban.
"En la montaña murieron recién nacidos de hambre y de frío porque no había con qué protegernos del clima y la lluvia. Sólo nos tapábamos con hojas cuando las encontrábamos", relató.
Aseguró que su única alimentación fueron raíces y yerbas, porque los militares bombardeaban las selvas y montañas. En uno de esos ataques, el 25 de mayo de 1983, precisó, murió su padre Víctor Raymundo, cuyo cuerpo no ha podido rescatar.
"Fue un sufrimiento bastante grande. Hasta que me muera quizás termine mi dolor", manifestó Juan y se quebró en llanto.
Enseguida agregó que el Ejército les quitó su cultura y sus costumbres con el "plan de tierra arrasada", pero ahora "nuestros abuelos nos la hacen recordar", dijo.
Antes, mientras Ríos Montt hacía apuntes y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez, quien también es juzgado intentaba una tímida sonrisa, Magdalena Bernal, de 55 años, recordaba el asesinato de sus familiares en la aldea Vatzuchil en Nebaj (Quiché).
"Los soldados sacaron a mi hermano Pablo de la casa, lo desnudaron y lo tiraron a un río. A dos mujeres las mataron pero sólo se encontró una mano y un collar", expresó la sobreviviente a través de un interprete ixil.
Bernal relató que debido a que los militares quemaron sus casas y cortaron sus cultivos de maíz, ella tuvo que huir a la montaña, embarazada y con dos hijos, a los que alimentó de yerbas y protegió bajo enormes piedras.
En una ocasión el Ejército "nos cercó, le prendieron fuego a la montaña y dispararon, murieron como ocho", indicó la testigo que, interrogada por César Calderón, abogado de Rodríguez, no supo explicar cuánto tiempo ni como terminó la guerra.
También Francisco Raymundo, de 43 años, dijo al Tribunal que el 19 de enero de 1983, en la aldea Batzchocolá, en Nebaj (Quiché), los soldados mataron a su abuelo y a su padre de 75 y 51 años, respectivamente.
"Estábamos en la casa cuando llegaron los soldados, les dispararon, sólo tres pudimos escapar", señaló el testigo.
Su madre Magdalena, de 45 años, fue golpeada en la cabeza por los militares y se murió, mientras que a su hermano Nicolás lo amarraron, lo arrastraron y lo mataron con machete, detalló.
A la edad de 11 años, dijo "me quedé solo, con ropa vieja, me dormía a la par de las piedras y sólo comía hierbas".
"Estoy acá por el dolor que tengo en el corazón cuando los mataron. Pido al Tribunal que se haga justicia y que se castigue a los que mataron a mi familia".
Los relatos como estos se escuchan desde el 19 de marzo cuando comenzó el histórico juicio por los delitos de genocidio y de lesa humanidad contra Ríos Montt y Rodríguez, que sostienen ser inocentes.
El conflicto armado interno de 36 años que padeció Guatemala entre 1960-1996, dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. EFE
Guatemala, 18 mar (EFE).- Los supervivientes del genocidio perpetrado por el ejército de Guatemala entre 1960-1996 esperan impacientes el inicio mañana del juicio contra el exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de inteligencia, José Rodríguez, acusados de la matanza de 1.771 indígenas ixiles.
El Juzgado A de Mayor Riesgo, que preside Jazmín Barrios, tiene previsto abrir el juicio mañana a las 8.30 hora local (14.30 GMT) en contra de los dos ancianos militares retirados, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Los familiares de las víctimas mortales y desaparecidos durante la guerra expresaron hoy que están ansiosos por el inicio del juicio que han esperado por muchos años y que los jueces actúen de forma independiente.
Los supervivientes han esperado tres décadas para llevar a la justicia a los presuntos autores intelectuales de las masacres perpetradas por el ejército en el denominado Triángulo Ixil, en el departamento noroccidental del Quiché, el más golpeado por la guerra.
"Es un momento tan importante no solo para las víctimas sino para quienes tuvieron fe por buscar la justicia", manifestó Anita Menchú, hermana de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quienes fueron víctimas de la represión militar.
Señaló que Ríos Montt, de 86 años, tendrá la oportunidad de demostrar ante el juzgado su inocencia, aún cuando el ejército no se la permitió a los ixiles, que según la denuncia de la Fiscalía, fueron considerados como guerrilleros y asesinados entre 1982 y 1983.
"La justicia por los delitos de genocidio, no es una venganza. Por el contrario, constituye una oportunidad para que el Estado demuestre que se respetan los derechos humanos", dijo hoy en una rueda de prensa Maya Alvarado, de la Coordinadora Genocidio Nunca Más, integrada por una veintena de organizaciones humanitarias.
Aún cuando en este debate sólo se juzgará a Ríos Montt y a Rodríguez, de 76 años, por la matanza de los ixiles, en el caso también se verán representadas miles de víctimas de otras regiones a quienes no se les ha hecho justicia, aseveró Alvarado.
"Ha llegado el gran día para el juicio histórico, no lo creemos", expresó a Efe Aura Elena Farfán, de la Fundación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).
El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante en el proceso, también dijo a Efe que existe gran expectativa por el inicio del debate.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) señaló que el juicio contra Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, supone una oportunidad esperada para que las víctimas de los crímenes contra la humanidad, obtengan justicia.
"Este juicio es realmente histórico porque es la primera vez que un exjefe de Estado en Centroamérica es llevado a juicio por crímenes de derecho internacional", dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de AI.
Las indígenas guatemaltecas violadas entre 1982-1983 narran los horrores sufridos durante la dictadura
Diez mujeres de la etnia itxil han testificado en el juicio contra el exdictador guatemalteco Ríos Montt, procesado en la actualidad por genocidio. Las mujeres narran los abusos sexuales y torturas que sufrieron durante la dictadura entre 1982 y 1983.
—————————————————————————————————————————–
Teresa Sosa
Con los rostros cubiertos con mantos, diez mujeres de la etnia maya ixil testificaron el martes 2 de abril ante una corte de Guatemala los horribles abusos sexuales y torturas que sufrieron a manos de soldados durante el régimen (1982-83) del exdictador Efraín Ríos Montt procesado actualmente por genocidio.
Los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj forman parte del llamado triángulo ixil, en el departamento de Quiché, donde viven personas de esta etnia que es descendiente de los mayas.
A pesar de que el juicio es por genocidio, los testimonios de violación sexual tienen cabida en el proceso porque uno de los elementos “subyacentes” es que, con la intención de destruir al grupo se cometen lesiones físicas y psicológicas, explicó el fiscal Orlando López.
Los abogados de Ríos Montt no se pronunciaron durante la presentación de las mujeres indígenas y se limitaron a hacer algunas preguntas coyunturales sobre los hechos.
Fuera de la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de la capital, un grupo de mujeres realizó una manifestación en solidaridad con las indígenas.
“Su verdad es nuestra verdad”, “La violación sexual es genocidio”, señalaban unas pancartas colocadas por grupos defensores de los derechos humanos.
Ríos Montt y el exoficial de inteligencia militar José Rodríguez son juzgados por la masacre de 1.771 indígenas mayas ixiles, ocurrida entre 1982 y 1983, en lo más cruento de la guerra que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996) y que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
Los testimonios
Una indígena del municipio de Chajul, cuya identidad se reserva al igual que la del resto de testigos a solicitud de la jueza Jamín Barrios, narró cómo los militares la llevaron a un campo y abusaron sexualmente de ella repetidas veces, tras lo cual quemaron su vivienda, ocasionando la muerte a su pequeño hijo de 30 días.
Otra testigo, quen fue abusada por unos 30 soldados junto a una de sus hijas de 12 años, relató en la octava jornada del juicio: “Ellos (los soldados) me violaron y yo estaba embarazada de seis meses. A los 15 días ocurrió el parto pero mi hijo ya estaba muerto cuando nació”.
Los soldados “me taparon la boca, quería gritar pero no podía y ellos me decían cállese, porque esto está bien”, relató ante los jueces una tercera mujer que fue víctima de violación sexual durante tres días en una base militar del municipio de Nebaj.
Con la voz entrecortada y con ayuda de un intérprete, la testigo también explicó que los soldados cometieron abusos sexuales contra su madre que le decía “que no llorara ni gritara, porque sino las iban a matar”.
Otra mujer, que no recuerda su edad, testificó que fue violada por 10 días en un destacamento militar en el municipio de Cotzal, donde fue llevada “contra su voluntad”, después de que los soldados matasen a su esposo.Los soldados “que me estaban cuidando se aprovecharon de mí (…). Sufrí bastante, sólo quiero que me ayuden”, suplicó la testigo al tribunal.
En otro relato y sin ayuda de traductor, una mujer de 58 años recordó que en 1982 soldados del ejército reunieron a varias mujeres en la iglesia católica de Cotzal. “Son varios hombres los que nos violaron”, mencionó, al recordar que también fueron golpeadas y amenazadas de muerte.”A mi mamá también la quisieron violar en el salón parroquial. Llevaron a mi mamá como si fuera un ‘chucho’ (perro) muerto, y la amarraron”, agregó. Después fueron llevadas a un cuartel militar donde continuaron los abusos.
Uno de los soldados le indicó que estaba en ese lugarr “porque el presidente Ríos Montt dijo que se fuesen a la basura todos los del área ixil, porque ustedes están colaborando con la guerrilla”.
FUENTE: http://palabrademujer.wordpress.com/
El caso Ríos Montt
El pasado 10 de mayo de 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala condenó, en una sentencia que ha sido calificada de histórica por la comunidad internacional, al dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión: 50 años por genocidio contra el Pueblo Ixil y 30 años por crímenes de lesa humanidad.
Este fallo representó una reafirmación de la doctrina penal contra la impunidad y también de alguna manera la reivindicación de miles de víctimas. Esta postura jurídica tiene ya logrados antecedentes en varios países de la región como Argentina, Chile y Perú, y sobre ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha brindado sólida jurisprudencia, la cual, sin duda, se halla en el camino de robustecer en nuestros pueblos el discernimiento de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la eficacia de los procesos de justicia transicional que se han emprendido luego de períodos en los que la democracia se ha visto en crisis.
Ahora bien, esta doctrina y jurisprudencia que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, la nulidad de las autoamnistías y el derecho a la reparación de las víctimas se ha visto, sorpresiva e irracionalmente, afectada cuando la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala anuló la decisión judicial que reseñamos. Resulta muy claro que esta resolución implica un grave y negativo precedente. El derecho a la verdad, el honesto ejercicio de la memoria, la necesidad de evitar la impunidad se hallan, en principio, cuestionados por tal fallo. Pone también de relieve la fragilidad que en Guatemala tiene aún la tutela de los derechos de las víctimas pues la condena a Ríos Montt constituía, por ella misma, una forma de reparación simbólica para los agraviados.
Lo que ha ocurrido nos muestra de manera muy directa lo vulnerable que todavía es, en algunos países, la administración de la justicia. Pareciera que existen lugares en los que operan poderes ocultos que influyen desde la política, el poder económico y/o la jerarquía militar en la independencia e imparcialidad que debe ser la calidad inherente al buen juez.
Así las cosas: ¿cómo lograr que los órganos de justicia tengan el imperio pertinente y la fortaleza necesaria para defender su autonomía y evitar así que se interfiera en las decisiones que, en conciencia y con apego a la ley, ellos decreten?, ¿cómo preservar la autonomía de la judicatura, elemento indispensable para el balance de poderes y la estabilidad democrática? Resulta este un tema complejo y que nos debe llamar a reflexión. Entre tanto, aquí en el Perú, de algún modo debemos felicitarnos pues la experiencia del caso Fujimori fue muy diferente y mostró en tal ocasión que nuestros jueces no solo tienen solidez en el tratamiento de asuntos complejos en lo penal, sino que se hallaban inmunes frente a cualquier hecho que pudiera amenazar su recto proceder.
Regresando a Guatemala, corresponderá ahora a los organismos internacionales competentes desarrollar iniciativas para el seguimiento del nuevo proceso que habrá de realizarse contra Ríos Montt. Anotamos que, por sobre todo, deberá respetarse la garantía del juez natural para la composición de un nuevo tribunal y deberá extremarse el cuidado de las pruebas conseguidas y que sirvieron para demostrar la comisión de graves crímenes de lesa humanidad y genocidio. Paralelamente, entendemos, deberán configurarse mecanismos idóneos que eviten que los jueces que emitieron la trascendente sentencia que condenó al acusado –y que luego fue anulada– sean objeto de represalia por cumplir con su función: defender el derecho a la verdad, velar por la intangibilidad de la memoria histórica y sancionar delitos que son actos reprochables por el derecho y la moral.
Otra testigo, quen fue abusada por unos 30 soldados junto a una de sus hijas de 12 años, relató en la octava jornada del juicio: “Ellos (los soldados) me violaron y yo estaba embarazada de seis meses. A los 15 días ocurrió el parto pero mi hijo ya estaba muerto cuando nació”.
Otra testigo, quen fue abusada por unos 30 soldados junto a una de sus hijas de 12 años, relató en la octava jornada del juicio: “Ellos (los soldados) me violaron y yo estaba embarazada de seis meses. A los 15 días ocurrió el parto pero mi hijo ya estaba muerto cuando nació”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario