miércoles, 31 de julio de 2013

POLÍTICA PERUANA.



La verdadera inclusión social.

Steven Levitsky

La “inclusión social” fue el eje de la campaña electoral de Ollanta Humala. Al abandonar la Gran Transformación, una promesa de mayor inclusión social le permitió mantener cierto perfil centroizquierdista sin chocar con la ortodoxia económica que reinaba en Lima. Hoy en día, muchos peruanos dirían que es una frase vacía de contenido. Pero en otros países latinoamericanos, se están dando pasos importantes hacia la inclusión social: varios gobiernos en la región están extendiendo la protección social a sectores –sobre todo, los informales– tradicionalmente excluidos.
Históricamente, los sistemas de protección social en América Latina han sido excluyentes. Las políticas sociales más importantes, como las pensiones, seguro médico, y salario mínimo, beneficiaban a un grupo minoritario: los asalariados del sector formal urbano (los que la politóloga Candelaria Garay llama los “insiders”). Los trabajadores informales, desempleados, y rurales–los “outsiders”– se quedaban sin protección social. En muchos países, la clase obrera sindicalizada gozaba de pensiones, seguro médico y otras protecciones sociales generosas, pero los “outsiders,” que representaban entre 40% y 60% de la población, estaban excluidos. Sin alternativas, muchos buscaban la protección a través del clientelismo.
Pero en los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos –muchos, aunque no todos, de izquierda–han reformado sus políticas sociales para hacerlas más inclusivas. Las reformas se basan en dos principios del “universalismo básico:” (1) que todo ciudadano debe tener acceso a la protección social; y (2) que las políticas sociales deben ser transparentes y no politizadas o utilizadas para fines clientelistas. En otras palabras, el Estado debe garantizar cierta protección social (seguro médico, pensión, ingreso mínimo para familias con hijos) a todos los ciudadanos, y sin clientelismo u otro tipo de presión política.
Hasta hace poco, el universalismo básico casi no existía en América Latina. Pero está llegando. Según Garay, la nueva inclusión social se ve en tres áreas:
Pensiones. Hace 20 años en Argentina, Brasil, y Chile, pocos “outsiders” tenían una pensión mínima. Hoy la tienen casi todos. En Chile, el gobierno de Bachelet creó una pensión mínima de US$ 150 que beneficia a todos menos a la gente de altos ingresos. En Argentina, una expansión del sistema de pensiones que acompañó la renacionalización de 2008 aumentó el porcentaje de “outsiders” mayores de edad con pensiones de 10% a 97%. Y en Brasil, el porcentaje de “outsiders” mayores de edad con pensiones ha aumentado de 32% en 1980 a 79% en 2009.
Salud. La inclusión social también llega a la salud pública. En Brasil, donde la Constitución establece la atención médica como un derecho ciudadano, el Sistema Único de Salud (SUS), creado en 1990, ha mejorado el acceso sanitario de una manera dramática. Mientras en 1988 el 50% de los brasileños no tenían acceso a la asistencia médica, hoy unos 145 millones de personas –75% de la población– acceden al SUS (los demás tienen seguro privado). En México, Seguro Popular (creado en 2003) ofrece seguro médico a más de 52 millones de personas que no lo tenían antes. En 2012, México se convirtió en uno de los pocos países de ingreso medio con cobertura médica universal. En Chile, el gobierno de Ricardo Lagos lanzó el Plan Auge, que establece 69 enfermedades para las cuales el gobierno garantiza atención médica –rápida y de alta calidad– a todos.
La inclusión sanitaria no es barata. En Brasil, se duplicó el gasto público en salud entre 2003 y 2011. En México, el gasto sanitario aumentó de 4,4% del PBI en 1990 a 6,3% del PBI en 2010. En Chile, ha aumentado de 2% del PBI a 3,5% del PBI. Pero gracias al crecimiento económico de la última década, los recursos existen.
Ingresos familiares. Varios gobiernos latinoamericanos garantizan, por primera vez, un ingreso mínimo para las familias con hijos. Se hace a través de programas de “transferencias condicionadas,” por los cuales las familias de bajos ingresos reciben un subsidio mensual si mandan a sus hijos al colegio y al médico. En Brasil, la Bolsa Familia provee un ingreso mínimo a 12.5 millones de familias. Llega –sin clientelismo– a más de 70% de los niños de bajos ingresos. En Argentina, la Asignación Universal por Hijo, creada por Cristina Kirchner, ofrece un pago mensual, por hijo, a toda familia de bajo ingreso. El programa alcanza a 3.5 millones de niños, y a diferencia de otros programas sociales argentinos, es transparente y no clientelista. En México, el programa Oportunidades ofrece un subsidio mensual a 5.5 millones de familias de bajo ingreso. Y en Uruguay, el Plan de Equidad, creado por el Frente Amplio, provee un subsidio mensual a toda familia de bajo ingreso. Beneficia a 50% de los niños uruguayos.
En términos de inclusión social, el Perú no avanza como sus vecinos. Antes de 2011, hubo poco esfuerzo para extender la protección social a los “outsiders.” El gobierno de Toledo creó Juntos, un programa de transferencia condicionada, pero su alcance era mucho menor que los de semejantes programas en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Brasil, y México.
El gobierno de Humala, a través de MIDIS, ha invertido más en la protección social. Pero comparadas con otros gobiernos latinoamericanos, estas medidas han sido muy limitadas. Pensión 65 solo llegó a 168.000 beneficiarios en 2012. Juntos benefició a 723.000 personas. En comparación, el programa Bono Juancito Pinto/Juana Azurduy en Bolivia tiene casi cuatro veces más beneficiarios, y Familias en Acción en Colombia tiene casi seis veces más beneficiarios. Queda mucho, entonces, por hacer.
La izquierda peruana atraviesa más de 20 años en el desierto, alejada del voto popular. Quizás un programa centrado en el universalismo básico, que propone extender la protección social a los “outsiders” a través de políticas públicas transparentes, sería útil para las izquierdas que buscan volver a ser relevantes.
Nota aparte: el sorteo para el servicio militar propuesto por el gobierno choca fuertemente con los principios de la inclusión social. Permitir que se evite el servicio militar con el pago de casi 2.000 soles discrimina de una manera brutal contra la gente de bajos ingresos. Parece algo del siglo XIX.

Primavera peruana

Augusto Álvarez Rodrich
¿Podría ocurrir en el Perú la explosión social de Brasil?
En medio de un gran campeonato, y ad portas de la Copa Mundial 2014 y la Olimpiada 2016, el alza de tarifas del transporte fue la mecha que prendió la pradera brasileña y recordó que, incluso el circo –y del bueno–, no compensa la falta de pan.
La escasez de ‘pan social’ implica más que alimentación y puede ser consecuencia de la fatiga de años del mismo partido en el poder, con éxitos pero, también, problemas no resueltos y el hartazgo por una corrupción espectacular que va desde el ‘mensalao’ de Lula hasta la sospecha por la inversión pública en estadios de las próximas competencias.
En la explosión social uno nunca sabe por dónde empieza, pero sí que puede terminar en un desmadre espectacular que cierra un ciclo político-económico, abre otro y, en el camino, se tumba al gobierno de turno.
Quizá el mayor riesgo hoy en el Perú sea el surgimiento de una crisis política profunda. A continuación, quince señales de preocupación:
1. Severa pérdida de credibilidad de la política por la sensación de la mayoría de que el elenco principal de los políticos es una partida de corruptos impresentables. 2. Partidos sin capacidad de ser correas de transmisión de las demandas ciudadanas. 3. Descenso sostenido de la aprobación popular a la ‘pareja presidencial’. 4. Caída de la confianza empresarial por errores del gobierno que se traduce en menor inversión. 5. Economía con síntomas de debilitamiento. 6. Contexto internacional desfavorable por menores precios de metales. 7. Gobierno con dificultad para tender puentes y que se pelea con casi todos los partidos (Apra, fujimorismo, izquierda). 8. Gobierno sin capacidad de oír y que insiste en iniciativas prepotentes como el servicio militar. 9. El principal aliado del gobierno (Perú Posible) en proceso de autodestrucción. 10. Adelanto de la temporada electoral, con todo lo que esto implica. 11. Se agrava el conflicto gobierno-oposición; Alan García dispara con más fuerza. 12. Conflictividad social en camino, a diferencia de antes, por menores recursos en cada localidad por falta de inversión privada. 13.
Gabinete flojón y con poca capacidad de respuesta política. 14. Sensación de un gobierno que recurre a armas sucias (espionaje al que no le cae bien; ataques absurdos a la prensa, etc.). 15. Pretensión de reelección conyugal a través de la candidatura de Nadine Heredia que es ilegal, no ética y antidemocrática.
Todo gobierno tiene problemas, pero el gran problema del actual es que, a veces, y cada vez con más frecuencia, actúa como si no fuese consciente de ellos, y se arriesga en pleitos absurdos que lo aíslan y dan la impresión de que la ‘pareja presidencial’ se conduce con mucha audacia para la poca caña que tiene. Es decir, que pudiera no estar a la altura del desafío que tiene por delante.
FUENTE: http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/primavera-peruana-22-06-2013




En pos de La República.

El año pasado comenté el libro de Hugo Neira, ¿Qué es república? Acaba de aparecer el indispensable libro de Carmen McEvoy, En pos de la República. Ensayos de historia política e intelectual (Lima, Centro de Estudios Bicentenario, Municipalidad de Lima, Asociación Antonio Raimondi, 2013). Pronto aparecerá el libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin República, que espero comentar más adelante. Acaso pueda decirse que, desde vertientes diversas, empieza a darse una reconsideración del ideal republicano como clave no solo para entender mejor la naturaleza de nuestros problemas históricos y actuales, también para pensar en sus soluciones.
Pero corresponde empezar estableciendo en qué consiste ese ideal republicano, y sus similitudes y diferencias con las tradiciones liberal y democrática. Es que en la democracia como régimen político, en el ideario representativo, las tres tradiciones se encuentran fundidas, aunque correspondan a orígenes y tengan contornos diferentes. Para esto resulta muy útil un texto de Guillermo O’Donnell, Accountability horizontal (1998). Para O’Donnell, lo central en el credo liberal es la idea de que existen ciertos derechos que ningún poder puede transgredir; en el republicano, la noción de servicio público, basada en el respeto a la ley y en la consideración del bien común. Así, para el liberalismo, la vida se desarrolla más plenamente en el ámbito privado; para el republicanismo, en la esfera pública; el primero es defensivo, el segundo elitista, está a la búsqueda de una elite virtuosa. La tradición democrática, por el contrario, es esencialmente igualitaria y participativa. La democracia tiene su origen en Atenas; la república en Roma; el liberalismo en la sociedad feudal y más adelante en la Inglaterra de Locke y la Francia de Montesquieu.
El renovado interés por la tradición republicana sería consecuencia, como sugiere O’Donnell, del hecho de que los desafios políticos que enfrentan nuestros países provengan tanto de un criterio democratista mayoritario, de raigambre populista, que impone una dinámica confrontacional y autoritaria, así como de un neoliberalismo que en nombre del mercado ha debilitado las instituciones y empobrecido la esfera pública.
El libro de McEvoy cubre el periodo que va desde la fundación de la república hasta las primeras décadas del siglo XX, a través del seguimiento de personajes que simbolizan y encarnan la búsqueda de los ideales republicanos (Bernardo de Monteagudo, Juan Espinoza, José Arnaldo Márquez, Juan Bustamante, Pardo, Antonio Raimondi, Francisco García Calderón y Abraham Valdelomar). Aun en un contexto adverso, tienen algunos logros: el convencionalismo liberal de 1855, que llevó a la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, y la “república práctica” de Manuel Pardo (1872-1876). Para McEvoy, son referentes que deben ser rescatados y ladrillos necesarios para “formular un proyecto nacional de cara al siglo XXI”. Seguiré con el tema.

Neoliberalismo y republicanismo.

Mi estimado colega Félix Jiménez, en su columna sabatina de hace dos semanas en el diario La Primera, critica tanto al reciente libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin república, como a la breve reseña que escribí del mismo en este espacio a inicios de este mes, por supuestamente compartir su diagnóstico, según el cual “Mientras que el neoliberalismo dio lugar a un inédito crecimiento económico, la precariedad del republicanismo pone en riesgo lo avanzado”. Creo que discutir sobre los temas que plantea Jiménez puede ser de interés para los lectores.
Primero, el balance sobre el neoliberalismo. Para Jiménez, sus supuestos “éxitos” no serían tales. Una mirada amplia vería que, por ejemplo, entre 1959 y 1967 (sin neoliberalismo, por supuesto) hubo tasas de crecimiento aún mayores a las de los últimos años; el crecimiento neoliberal siempre habría sido frágil, como lo demostraría la crisis del periodo 1998-2002. Finalmente, parte de sus supuestos “éxitos” serían consecuencia de iniciativas planteadas por “economistas críticos con el neoliberalismo” entre 2001 y 2003, con lo cual Jiménez reivindica su participación como funcionario dentro del gobierno de Alejandro Toledo.
Segundo, cómo construir una alternativa al neoliberalismo. Para Jiménez, el crecimiento 1959-67 sería más “sano” porque fue liderado por el sector manufacturero y estuvo acompañado de mejoras en los ingresos de los trabajadores, mientras que el reciente se basa en sectores extractivos con ingresos laborales estancados. ¿Qué hacer? Cuando Jiménez se refiere a las decisiones implementadas entre 2001 y 2003 habla de reformas que, entre otras cosas, “recuperaron el papel del tipo de cambio como instrumento de diversificación productiva”. Más adelante, lamenta que durante el gobierno de García “se dejó caer el tipo de cambio real, afectando a la producción manufacturera”. En la línea de lo propuesto en el documento “La Gran Transformación”, se apunta a promover un crecimiento más diversificado en general y la industrialización en particular.
Tercero, la relación entre neoliberalismo y republicanismo. Para Jiménez, no sería cierto que el neoliberalismo haya “ampliado la ciudadanía”; más bien, durante los veinte años de gobiernos neoliberales habríamos visto impostura y corrupción, envilecimiento de la política, alianza entre poder político y poder económico en contra de la voluntad ciudadana; el neoliberalismo “ha sido y es responsable de la pérdida de la virtud cívica, de la pérdida de la conciencia civil de los electores que los ha llevado a aceptar prácticas clientelares y corruptas como forma de gobierno”. Desde este ángulo, pedir que el republicanismo acompañe al neoliberalismo es pedir “la cuadratura del círculo”. Para Jiménez, rescatar los valores republicanos implica necesariamente construir una alternativa al neoliberalismo.
Creo que Jiménez acierta en algunas cosas, confunde otras, pero plantea temas muy pertinentes. Seguiré la próxima semana.

Neoliberalismo y republicanismo (2)

La semana pasada resumí los puntos de debate que planteó recientemente el colega Félix Jiménez: critica los supuestos logros del neoliberalismo, sostiene que el republicanismo es incompatible con aquel, y plantea la necesidad de un desarrollo más diversificado.
El término “neoliberalismo” se presta a malos entendidos. Por lo general, se le atribuyen sentidos intrínsecamente negativos, y esto tiene cierta razón de ser: muchos gobiernos neoliberales han sido muy corruptos e ineficientes, en particular el fujimorismo ha ayudado a crear la asociación neoliberalismo = autoritarismo = corrupción. Desde este ángulo, el neoliberalismo es incompatible con el desarrollo de la ciudadanía y los valores republicanos.
Sin embargo, hay muchos gobiernos que pueden considerarse ilustraciones emblemáticas del neoliberalismo que no han sido autoritarios ni particularmente corruptos (Chile en los últimos años, Brasil con Cardoso, Colombia con Gaviria, etc.). Más todavía, podría decirse que ellos implementaron reformas fundamentales para el logro de un crecimiento sostenido, reducciones importantes de pobreza, fortalecimiento de instituciones; incluso, de políticas de desarrollo que buscan la diversificación productiva y menor dependencia de recursos naturales.
Me parece que la mejor manera de entender el neoliberalismo es relacionarlo con el llamado “Consenso de Washington”, término acuñado por John Williamson para referirse a políticas que enfatizan la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el estímulo a la inversión privada y a la acción de las fuerzas del mercado. Williamson, Joseph Stiglitz y muchos han señalado que el problema no estaría tanto en esas políticas, sino en el “fundamentalismo” o irresponsabilidad en su implementación, siguiendo presiones o modelos importados sin considerar los intereses y contextos específicos de los países.
Vistas las cosas así, me parece que en Perú el neoliberalismo ha tenido éxitos evidentes (crecimiento, reducción de la pobreza sin aumento de la desigualdad) que han permitido que muchos peruanos sean más ciudadanos (conscientes de sus derechos y deberes), aunque su aplicación haya sido escamoteada por sus componentes autoritarios y corruptos, y ciertamente también por la debilidad de nuestras instituciones y valores republicanos. Esto implicaría, me parece, que la izquierda debería dejar de pelearse tanto con “el modelo” en abstracto (pedir la renuncia de Castilla), para concentrarse en hacer propuestas específicas en lo tributario, fiscal, monetario, institucional, en políticas sociales, etc.
Finalmente, es muy importante que desde la izquierda se reivindique el republicanismo. Si miramos alrededor (Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina) encontraremos que son los gobiernos de izquierda los que suelen atentar contra las instituciones republicanas (respecto a la ley, independencia de los poderes del Estado), en nombre de un mayoritarismo plebiscitario.
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